Experiencia y competencia profesional

Nuestro bufete ofrece servicios en diferentes áreas legales, tanto como asesoría y representación jurídicas.

Nuestra dilatada experiencia y competencia profesional nos permiten elaborar con mucho acierto unas soluciones personalizadas.

Derecho administrativo

Nuestro despacho no solo asesora y, cuando es necesario, dirige reclamaciones o recursos contra la Administración, tanto en vía administrativa como judicial, sino que también está especializado en la gestión previa para la obtención de licencias y autorizaciones de cualquier tipo. Esto incluye permisos urbanísticos (Obra Mayor, Obra Menor, etc.) y licencias de actividad mediante «Declaraciones Responsables», abarcando los ámbitos local, insular, autonómico y estatal.

Además, asumimos tanto la dirección jurídica como la representación del cliente ante la Administración, garantizando un servicio integral y eficaz.

Área técnica - despacho multidisciplinar

GRM Abogados se constituye como despacho interdisciplinar con el objeto de ofrecer a sus clientes, además de un completo servicio jurídico, la organización, coordinación y gestión de los profesionales técnicos que, por exigencia legal o por la propia naturaleza del asunto, han de intervenir en el mismo por petición del cliente. Todo ello ejecutado bajo el sistema de Legal Project Management (LPM).

A simple modo de ejemplo, la introducción de una mayor responsabilidad de los profesionales técnicos en la obtención de las distintas licencias administrativas necesarias para la prestación de servicios o el desarrollo de actividades empresariales (reflejada en la Ley 7/2011 de Actividades Clasificadas, su Reglamento mediante Decreto 86/2013, y los Decretos 52/2012 y 53/2012 en el ámbito de la C.A. Canaria) hace que sea necesaria una mejor gestión y coordinación de su actuación en términos de productividad, lo que supone de hecho un incremento en el tiempo y en el esfuerzo para el cliente, carga que nuestro despacho libera con esta nueva propuesta de servicio.

Obviamente, no se trata de un control técnico de calidad del servicio a prestar por los profesionales, cuya calidad ha sido previamente contrastada, sino de la exigencia del cumplimiento de su servicio en los términos acordados y de la implementación del mismo con el resto de servicios, tanto jurídicos como de otro tipo.